El objetivo de la Ley es evitar la impunidad de algunos conductores infractores y reducir los tiempos de tramitación dotando de un carácter pedagógico a las sanciones.  

Se elimina la suspensión temporal del permiso de conducción como sanción.

Se establece una cuantía fija para las sanciones leves (hasta 100 euros), graves (200 euros) y muy graves (500 euros).

Se establece un descuento del 50% por pronto pago de las sanciones.

Se unifican en todo el territorio las sanciones por exceso de velocidad que serán aplicables por todas las Administraciones.  

Se reduce el periodo de prescripción de las infracciones muy graves de doce a  seis meses.  

El importe de las sanciones económicas obtenido por las sanciones se destinará íntegramente para actuaciones en materia de seguridad vial y prevención de accidentes y ayuda a las víctimas.   

Las infracciones previstas con detracción de puntos se reducen de 27 a 20.