El llamado 'Impuesto al Diésel' queda aparcado por el actual Ejecutivo de coalición, al menos tal y como lo planteó el primer Gobierno de Pedro Sánchez en 2019.
La nueva hoja de ruta de la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, unida a la grave crisis que padece el sector del automóvil por las consecuencias del covid-19, han motivado el replanteamiento de una medida que, en cualquier caso, terminará produciéndose a medio o largo plazo, pues se trata de una directriz de la Comisión Europea que España lleva años sin acatar.
La iniciativa contemplada en los fallidos Presupuestos Generales del Estado de 2019 consistía en suprimir la bonificación de la que actualmente disfruta el diésel, circunstancia que lo encarecería 3,8 céntimos por litro y elevaría entre 1,5 y 2 euros el coste de llenar el depósito, en función del vehículo. El gasóleo profesional habría quedado exento.
La propuesta llegó pocos meses después de que la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzara su célebre proclama de que "el diésel tiene los días contados", y resultó polémica por su impacto generalizado en la población.
Lejos de aquella beligerancia, fuentes del departamento de Ribera rehúsan ahora a detallar la situación en la que se encuentra la iniciativa y se remiten a las directrices del Ministerio de Hacienda.
Al respecto, el área que dirige la también socialista María Jesús Montero explica que, tras la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, "la agenda fiscal del Gobierno es la que está definida en los acuerdos de coalición". "Nos remitimos a lo que aparece en el acuerdo de coalición", recalcan.
¿Y qué dice sobre el llamado 'Impuesto al Diésel' el pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos? Nada de forma explícita, pero el apartado 10.3., denominado Adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI, sí se refiere a "la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente", sin mayor precisión.
Eso sí, introduce un matiz social a esta política, pues aboga por aplicarla "evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes".
Este matiz choca de lleno con el 'Impuesto al Diésel' tal y como lo concibió hace un año el ejecutivo. La formación morada, en su apuesta por "redistribuir la carga fiscal", considera que el planteamiento de 2019 no fue acertado, pues habría incurrido en la paradoja de cobrar más a los colectivos más pobres, usuarios de coches más antiguos (y, en consecuencia, de mayor consumo y más contaminantes). "Va contra el espíritu de la progresividad fiscal", subrayan las fuentes consultadas sobre la propuesta de hace un año.
En consecuencia, el llamado 'Impuesto al Díesel', continuará aparcado con el actual Ejecutivo de coalición pese a tratarse hace un año de una de las banderas del anterior Gobierno.
Un sector en el alambre
Entre las razones que llevan al Gobierno de España a levantar en estos momentos el pie del acelerador se encuentra además la grave crisis que padece el sector del automóvil. El Covid-19 redujo a mínimos la venta de coches y detuvo la producción de vehículos durante alrededor de mes y medio en las 17 fábricas españolas.
La situación es crítica en un sector que ya atravesaba su propia crisis antes de la pandemia, provocada por los cambios de uso del consumidor, menos dispuesto a tener un coche en propiedad y con muchas más alternativas en materia de movilidad, sobre todo en las grandes ciudades.
Además, la propia transición energética, marcada por el auge de la conciencia ecológica y el temor a mayores gravámenes a los combustibles fósiles, también ha derivado en una mayor incertidumbre en el consumidor a la hora de comprar un coche.
Para reanimar a un sector que, en su conjunto, representa el 10% del PIB español y el 9% del empleo, el Gobierno de España ultima un plan de ayudas públicas que podría anunciarse en los próximos días, y que contempla subvenciones para la compra de vehículos de todo tipo, también los de motores diésel y gasolina -los más fabricados en España
Solo 6 de 30 coches que se fabrican son eléctricos o enchufables
Las 17 fábricas de coches con las que cuenta España producen cerca de una treintena de modelos, entre los que predominan los vehículos diésel y gasolina. En concreto, las factorías del país solo producen en estos momentos un total de cuatro vehículos eléctricos y dos híbridos enchufables.
Pese a la situación actual, la patronal Anfac subraya que la situación variará de forma significativa en 2021, cuando las plantas españolas se encargarán de producir hasta 20 modelos electrificados que ya han sido adjudicados a las mismas por parte de las respectivas multinacionales.
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